A primera hora del 26 de marzo de 2019 un equipo de operarios del Ayuntamiento de Barcelona colocó un atril ante la comisaría de Via Laietana. Una estructura metálica sobre la que se apoya una placa titulada “El 43 de la Via Laietana. Memòria de la repressió”. Está dividida en tres columnas. En la central está el texto en catalán explicando la historia del edificio y el sentido de la placa: “S’ha volgut assenyalar l’espai més emblemàtic de la repressió política de la ciutat i posar en valor el cost que ha tingut la conquesta de la democràcia i la igualtat”. A la izquierda se puede leer el mismo texto en castellano: “Se ha querido señalar el espacio más emblemático represión política de la ciudad y poner en valor el coste que ha tenido la conquista de la democracia y la igualdad”. Se acompaña asimismo de una fotografía: una estampa típica de la posguerra barcelonesa. Y a la derecha el mismo texto, acompañado de otra foto, se puede leer en inglés. La inauguración institucional de la placa se celebró a las pocas horas. La presidía Gerardo Pisarello, por entonces primer teniente de alcalde de la capital catalana. Participaron representantes de entidades de la llamada memoria democrática. Pisarello declaró que “era una deuda pendiente con las víctimas del franquisme”.
Nada parecía problemático. Pero al poco Carina Mejías –presidenta del grupo Ciudadanos en el consistorio- denunciaba en la red la letra y el espíritu de la placa. Afirmaba que los agentes de la policía que trabajan en la comisaría quedado atónitos. Era ofensiva, decía, toda vez que se afirmaba que el edificio oficial había sido sede de la represión. Afirmaba que se estaba ofendiendo la policía que se juega “su vida en diario para proteger nuestra Seguridad y defender nuestra libertad”. En su tuit etiquetó a un par de políticos que son referentes del constitucionalismo duro, sindicatos policiales y a OK Diario. Quería generar una ola, sabiéndolo o sin saberlo proponía una batalla de memoria (lo opuesto a una comisión de la verdad). Y de inmediato se multiplicaron las respuestas. Respuestas indignadas con la denuncia, réplicas que muchas veces se reforzaban aportando testigos particulares de las torturas que se habían cometido en aquel recinto durante el franquismo. Pocas horas después la placa había sido vandalizada. No sería la última vez.
Política de la memoria
Hace años en el debate político español se instaló la idea de una “Segunda Transición”. Afirmados los pilares del Estado democrático de 1978 se propusieron alternativas para evolucionarlo. Algunas opuestas. En este marco de evolución habría que inscribir propuestas paradigmáticas del primer gobierno Zapatero. Propuestas sobre el matrimonio sexual, la asignatura de educación para la ciudadanía, la apuesta por los Estatutos de Autonomía de segunda generación o un nuevo intento de resolver la mafia terrorista por la vía del diálogo. No era una acción menor ni inocua. En franca colisión con la cultura de la aznaridad (cuyo imaginario de partida lo delimitaba el poder franquista), la ambición del cambio de paradigma perseguía una relegitimación de todo el entramado institucional del Estado configurado durante la primera Transición en clave moralizadora.
Fue una guerra cultural implacable en la que, entre otras cosas, se gestó la refundación de la extrema derecha española. Mi hipótesis es que la dureza del combate ahogó el consenso sobre el que se había materializado el paso de una dictadura militar a una monarquía parlamentaria. Los límites implícitos del consenso fueron asaltados. No era la intención de Zapatero, que pretendía redefinir ese consenso fundacional, pero el asedio contra su propuesta dinamitó el espíritu del pacto fundacional.
Muy revelador de lo que implicó de esa batalla ideológica fue la discusión y aprobación en el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica, con una acusación pirómana de la oposición: se buscaba reabrir las heridas de la guerra civil. Los nietos de la guerra, aquellos para quienes su biografía ya estaba lejos de la tragedia, pedían que el Estado asumiese el pasado para mejorar su calidad democrática. Porque esa ley nacía asumiendo las demandas de varios colectivos cuyo propósito fundacional era la identificación de los familiares enterrados en fosas y cunetas, pero que llegó a poner las bases para una intervención en el Valle de los Caídos: un corte de cordón umbilical con la tiranía que, después de todo, no se ha producido. Esta demanda iría religada a una determinada política cultural de Estado, una política memorial y de conmemoraciones. Era una apuesta que no podía dejar de ser ideológica, porque todas lo son, y fue duramente combatida a través de la popularización de lecturas contrarrevolucionarias sobre el origen de la guerra civil española. Digamos que el retrovisor con lo que se miraba el pasado reciente se había roto.
Muy revelador de lo que
implicó de la batalla ideológica de la llamada ‘Segunda Transición’ en
la etapa Zapatero fue la discusión y aprobación en el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica, con una acusación pirómana de la oposición: se buscaba reabrir las heridas de la guerra civil
En este contexto el 1 de agosto del 2005 Esquerra Republicana
registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.
También en Catalunya, después de la alternancia en el gobierno de la
Generalitat, se habían puesto en marcha políticas memoriales. Los
objetivos programáticos del Memorial Democràtic –organismo
impulsado por el primer Tripartito- eran en buena parte coincidentes con
las acciones que se deberían haber implementado a través de la Ley de
la Memoria Histórica. El propósito de la proposición de ERC era
reconvertir la Jefatura Superior de Policía de Barcelona –ubicada en la
Via Laietana- en un museo memorial que tuviera la represión franquista
como tema de estudio y exposición. La presentó el diputado Joan Tardà.
Su idea era que el nuevo centro se pudiera inaugurar en 2007
coincidiendo con el trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de
Amnistía, uno de los pilares jurídicos que, como la Ley para la Reforma
Política, hizo posible la Transición. Pero pasó el año 2007 y la Jefatura seguía allí. Y después de una década, de nuevo, el edificio donde durante décadas se había torturado volvió a ser tema de discusión parlamentaria. En el Diario de Sesiones del Congreso consta que el 1 de junio del 2017 Joan Tardà –esta vez en la Comisión de Interior- presentó una proposición no de ley que, de hecho, pretendía lo mismo que la presentada hacía más de 10 años. Vale la pena sintetizar el debate de ese día.
En su intervención Tardà agradeció las enmiendas presentadas a su proposición por el grupo socialista como por Ciudadanos. Expuso por qué proponía que el edificio fuera reconvertido en un centro memorial. No planteaba nada distinto de lo que hecho en otros países que habían sufrido totalitarismos.
“Se trata de hacer lo mismo que han hecho otras democracias que tuvieron la desgracia de sufrir pasados fascistas, totalitarios o militaristas; no se trata de inventar nada, sino de actuar como lo han hecho otras sociedades que, repito, tuvieron la misma desgracia que la nuestra. Pretendemos la reconversión de un edificio icónico de la perversión de la dictadura y palacio de todos los sufrimientos que padecieron tantos luchadores y ciudadanos de todos los ámbitos: del mundo obrero, el de la cultura, el universitario, los movimientos cristianos de base..., todos aquellos que durante tantos decenios plantaron cara a la dictadura en pro de las libertades democráticas.”
Este era el propósito: reconocer a los que sufrieron violencia política por defender las libertades democráticas. En el debate, tras Tardà, intervino el diputado socialista José Zaragoza para defender la enmienda presentada por su partido. Recordó las medidas del gobierno Zapatero enmarcadas en la Ley de Memoria Histórica, dijo que ante todo había que garantizar la continuidad de la presencia y función de los Cuerpos de Seguridad del Estado y, en un diálogo cómplice con Tardà, aprovechó para recordar un episodio previo al franquismo. El protagonismo, explicó Zaragoza a los presentes, lo había tenido el mismo edificio. Allí fue donde en octubre de 1934 Lluís Companys se encontró con el general Batet, que detuvo la insurrección que había pretendido liderar el Presidente de la Generalitat. El diputado de Ciudadanos pronunció un discurso similar, explicitando el apoyo a las fuerzas del orden pero comprometiéndose a llegar a un acuerdo entre la mayoría para cambiar el uso del edificio. El convergente Feliu Guillaumes tampoco dijo nada disonante respecto de la propuesta de Tardà: explicó que cuando pasaba por delante del edificio no podía dejar de pensar, conmovido, en el dolor que allí se había infringido. El representante del nacionalismo vasco pidió la palabra para manifestar su apoyo a la propuesta. El diputado de Podemos manifestó su acuerdo, recordando que el Ayuntamiento de Barcelona tenía un comisionado para la memoria democrática que ya funcionaba con el mismo afán.
Y, finalmente, intervino la diputada popular Belén Hoyo. Transcribo parte de sus palabras, críticas con la proposición:
“La sociedad cambia, las instituciones han evolucionado, pero sorprende comprobar como algunos, cuarenta años después, siguen haciendo ajustes de cuentas con el pasado, quizá con el único objetivo de ocultar el presente; un pasado afortunadamente superado al que ninguno debería querer volver. Lo que ustedes plantean como un acto de restitución moral no deja de ser un artificio en el año 2017 para justificar su desafío al Estado. Señor Tardà, abra los ojos. ¿Acaso no cree que los ciudadanos merecen que se dé respuesta a sus necesidades actuales y que no tengamos que mirar permanentemente a través del retrovisor de la historia para contemplar un pasado ya superado?”
En las puertas del verano del 2017, sólo una semana antes que el Presidente Puigdemont anunciara en público la fecha del “referéndum de autodeterminación” que pretendía celebrar el 1 de Octubre, es transparente que la discusión en el Congreso de los Diputados se adentraba en una nueva dimensión. Ya no podía leerse enmarcada en las políticas memoriales impulsadas por la Segunda Transición de Zapatero. El contexto presente resignificaba la intencionalidad política de lo discutido. El presente estaba modelando el uso de la memoria. Para los populares, para el partido de gobierno, la propuesta estaba injertada a la crisis territorial más profunda que ha sufrido el Estado democrático de 1978 y que estaba a punto de desovillarse.
Esta variable coyuntural es interesante, pero aún puede sacarse más punta pensando la pregunta retórica formulada por la diputada conservadora nacida en 1984. Lo que viene a defender es que a los ciudadanos, a la hora de habitar la compleja ciudad democrática, no les ayuda mirar permanentemente el retrovisor para ver una historia conflictiva. Les conviene superar un pasado que si retorna puede perpetuar el enfrentamiento. Les conviene, por tanto, olvidar. No reabrir batallas sepultadas. Porque profanar el olvido, para reinstalar la memoria del dolor en el presente, podría implicar instalar el conflicto en la convivencia cotidiana. Paralizar. Si la sociedad española, a través de la memoria política, recuperase lo que pactó olvidar podría convertirnos a todos en estatuas de sal. Esa recuperación del trauma sabotearía el pacto fundacional suscrito durante la Transición –la primera- para instituir la ciudad democrática.
En 2017, la discusión en el
Congreso se adentraba en una nueva dimensión. Ya no podría leerse
enmarcada en las política memoriales de Zapatero. El contexto daba nuevo
significado a la intencionalidad del debate. El presente estaba
modelando el uso de la memoria”
Pero aquel 1 de junio del 2017 la mayoría de los que estaban a
la Comisión de Interior del Congreso no lo sentían así o no lo querían
así. Para los que defendían la aprobación de la proposición, el pasado
no se había clausurado. Como no estaba superado, entendían que era una
responsabilidad civil modelarlo con la convicción de que así reforzaban
el proceso de democratización institucionalizando la memoria de la
tortura sobre la piel de la ciudad. Optaron, pues, por votar a favor de
reconvertir el dolor latente en aquel icono de la represión –para
decirlo con la expresión del diputado de Guillaumes- en un centro
memorial a fin de que los gritos silenciados entre las paredes de la
comisaría al fin pudieran transformarse en una propuesta museística de
pedagogía democrática. Y al cabo de más de un año todo seguía igual. El día que el nuevo Ministro de Interior presentó en el Senado sus líneas de actuación, el senador de Esquerra cerró su intervención preguntando por la comisaría de la Via Laietana. “¿Piensa el ministro cumplir con la voluntad de esta PNL aprobada en Cortes Generales?”. No se produjo novedad alguna, que yo sepa, hasta que pocos meses después cuando unos operarios del Ayuntamiento colocaron un atril que aguanta una placa vandalizada.
El trauma
¿Por qué? ¿Por qué si no la placa no decía nada que no se supiese? ¿Por qué decirlo podía ser percibido como una revancha? ¿Por qué alguien se siente atacado con una denuncia simbólica de la tortura que es, al mismo tiempo, un reconocimiento a las personas que arriesgaron sus vidas para combatir la dictadura? ¿Lo bastante atacado como para responder a la ofensa con violencia? ¿Tal vez porque una memoria oficial cuestiona una identidad colectiva? ¿Quizá porque hace emerger un trauma colectivo soterrado pero no superado? ¿Podría la memoria, paradójicamente, imposibilitar su superación? ¿Puede ser que David Rieff tenga razón cuando elogia el olvido? “En sociedades acechadas por un peligro efectivo de fragmentación o algo peor”, escribe Rieff, “invocar determinador recuerdos a veces puede obrar el mismo efecto nada menos que el proverbial de ¡fuego! en un teatro abarrotada”. La memoria histórica, afirma, ha generado más guerra que paz, más rencor y resentimiento que la reconciliación, más afán de venganza que compromiso con el perdón.
Tengo más dudas que no respuestas para esas preguntas. Las dudas las tengo no sólo para el caso de la placa en la Via Laietana. Durante la primera mitad del año 2019, por ejemplo, varios memoriales colocados durante la alcaldía de Manuela Carmena en Madrid han sido vandalizados con tachaduras nazis o firmadas por juventudes falangistas. En el epílogo de Hambruna roja Anne Applebaum explica que recientemente han sido atacados monumentos dedicados a recordar la gran hambre ucraniana.
¿Por qué alguien se siente
atacado con una denuncia simbólica de la tortura? ¿Podría la memoria,
paradójicamente, imposibilitar su superación? ¿Puede la memoria pública
de una tragedia convertirse en una losa que detenga el desarrollo de una
sociedad porque la polariza? Tengo más dudas que no respuestas”
¿Por qué la memoria es peligrosa? ¿Puede la memoria pública
de una tragedia convertirse en una losa que detenga el desarrollo de una
sociedad porque la polariza? ¿Puede soterrarse una memoria trágica sin
haberla sanado? ¿Pueden borrarse los hechos? ¿Puede el olvido suturar la
herida? Más preguntas que llevo clavadas en la conciencia desde que visité la Escuela de la Mecánica Armada de Buenos Aires, que se ha reconvertido en un centro de memoria. Se inauguró en el 2015. Allí había el centro de detención, tortura y condena por donde pasaron unas 5000 personas. Sólo sobrevivieron 200. La caída de la dictadura militar, tras la derrota en las Malvinas, posibilitó que la nueva democracia se legitimara también a través de un juicio a través del cual se pudo hacer una catarsis colectiva descomunal. En uno de los plafones del pabellón donde hay la biblioteca y la librería se puede leer esta frase: “Si me das a elegir me pondré del lado del exceso de historia, tanto más poderoso es mi terror al olvido que el temor de tener que recordar demasiado”. Tenemos que recordar, pero recordar hasta las últimas consecuencias puede convertir el coraje en amenaza si el afán de justicia no lo templa la prudencia que nos encamina hacia la reconciliación.
Cuando la crisis de las democracias liberales favorece la polarización de la sociedad a través de batallas culturales, la memoria política se ha convertido también en un mecanismo de confrontación. Pocos casos lo evidencian con tanta preocupante radicalidad como las medidas adoptadas, pongamos por caso, el gobierno polaco (lo descubrí el verano del 2018 leyendo un reportaje magnífico de Elizabeth Zerofsky publicado en The New Yorker). La lucha contra la herida de una ofensa en la identidad, en este caso, se ha convertido en un factor de movilización potentísimo que se impone sobre la complejidad de la realidad que es la que intenta reconstruir la historia rigurosa. En la disyuntiva entre memoria e historia, la primera, a menudo, está fagocitando la segunda. Porque la memoria, convertida en emoción, sitúa la noción de dignidad en el centro de la convivencia y hoy, como dice Francis Fukuyama en Identidad, la demanda del reconocimiento de la dignidad es una de las grandes fuerzas de movilización política. La memoria que configura identidades, pues, no es un tema menor. La memoria pública es una necesidad de una colectividad y también es un peligro. La memoria es arriesgada."
Ver: https://www.lavanguardia.com/politica/20191023/471147249078/placa-tabu-jordi-amat.html
"El 43 de la Via Laietana. Memoria de la represión
En 1929 entró en funcionamiento la Jefatura Provincial de Policía en el número 43 de la Via Laietana. Después de su constitución, la Generalitat de Cataluña emplazó allí la Comissaria General d’Ordre Públic y, posteriormente, en el año 1941, el estado franquista instaló la Jefatura Superior de Policía. A partir de aquel momento, fue la sede de la Brigada Político-Social, encargada de perseguir a la disidencia política.
Desde que se inauguró, a finales de la dictadura de Primo de Rivera, fue el epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés. Durante la época republicana, continuó siendo un lugar de represión hasta el punto que era conocido en los círculos obreristas como “El molino sangriento”.
A partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, se convirtió en el centro de la represión política franquista en Barcelona. Por sus insalubres y saturadas celdas, pasaron decenas de antifranquistas que sufrieron todo tipo de torturas en los interrogatorios.
Con este atril instalado en 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ha querido señalar el espacio más emblemático de la represión política de la ciudad y poner en valor el coste que ha tenido la conquista de la democracia y la igualdad."
Ver: https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/es/placa-memoria/el-43-de-la-via-laietana-memoria-de-la-represion/
"Obra decimonónica del 1878. Es uno de los pocos edificios anteriores a la apertura de la Via Laietana que sobrevivieron, ajustados a su trazado. Sus tres fachadas, simétricas y equilibradas, se abren con balcones individuales con losa de piedra, excepto en la planta principal, donde el balcón es corrido y se ensancha ante la puerta central. Los dinteles de las aberturas se coronan con decoración de repertorio clásico."
Ver: http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1538
Via Layetana 43
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